Hace unos días Álvaro Uribe estaba dando un discurso en el Colegio Mayor Alférez Real de Cali y dijo que el uso recreativo de drogas es contrario a la libertad humana porque anula la voluntad.
Quienes me conocen saben que soy (a) partidario de la autonomía individual y (b) antiuribista certificado, pero le voy a tener que regalar un reloj parado al señor Uribe. Y sé que después de escribir esto me va a tocar lavarme las manos con lejía, pero debo reconocerlo: en este tema específico, en esta ocasión particular, Álvaro Uribe tiene toda la razón.
Paciencia. La cosa va así:
Los argumentos usuales para promover la despenalización de las sustancias psicoactivas proceden del bando libertario, que se opone a que el Estado le evite a la gente recibir las consecuencias de sus decisiones. Hasta yo admito que en un mundo ideal, donde cada persona razona de modo impecable y nunca se deja llevar por impulsos que contradicen su propio interés, la responsabilidad individual sería suprema e interferir con ella sería injusto.
Donde los libertarios y yo partimos caminos es en el reconocimiento de que ese mundo ideal no es el que tenemos ni es uno que se pueda tener. Los seres humanos no somos perfectamente racionales; ni siquiera alcanzamos a serlo a medias. Hemos armado un mundo donde Álvaro Uribe fue reelegido, donde Ernesto Samper fue absuelto, donde Jaime Garzón fue asesinado. Los humanos somos supremamente estúpidos.
Si bien la persecución policial del narcotráfico ha dado frutos amargos y podridos, sigo teniendo la fuerte sospecha de que la despenalización no es solución suficiente. Se suele citar a Portugal y Uruguay como casos de éxito, pero ellos acompañaron el desmonte de la persecución con una fuerte política sanitaria. El hecho de que las drogas adictivas dejen de ser ilegales no significa que dejen de ser indeseables.
Los libertarios creen que se pueden aplicar las leyes clásicas del mercado a todos los problemas de la vida. El argumento, sumamente descarado en realidad, es que al consumidor nadie lo está obligando y el Estado no tiene derecho a interferir en su decisión libre de drogarse. Esa clase de razonamiento ignora deliberadamente las circunstancias que están fuera del control de las personas. Como suele suceder cuando uno discute con libertarios, la verdadera cuestión ni siquiera es que el Estado tenga o no tenga derecho a intervenir: es que el Estado tiene el deber de intervenir. Es obligación irrenunciable del Estado proteger a sus ciudadanos, incluso de su propia estupidez. Si el Estado no va a cumplir siquiera con esa mínima función, no se justifica que tengamos Estado.
La ideología libertaria no está equipada para abordar el tema de las drogas adictivas porque este no es un problema al que puedan aplicarse las leyes clásicas del mercado. Todo el sistema de oferta y demanda colapsa cuando se enfrenta a un producto adictivo, que crea por la fuerza su propia demanda. El comprador adicto no es un comprador racional, capaz de tomar decisiones libres.
La complicación de este tema está en que la rehabilitación es una terapia médica, lo que obliga a contar con consentimiento informado. La Corte Constitucional decidió que el ingreso de los indigentes a programas de rehabilitación debe ser opcional. El núcleo del argumento es este párrafo:
Yo añadiría el estado mismo de adicción a esos "casos excepcionales" que limitan la capacidad de decidir. Incluso cuando los adictos se unen a la causa de la despenalización, ellos mismos admiten que su autonomía está disminuida. A veces por perseguir principios demasiado elevados perdemos de vista las condiciones reales en que la gente vive.
Quienes me conocen saben que soy (a) partidario de la autonomía individual y (b) antiuribista certificado, pero le voy a tener que regalar un reloj parado al señor Uribe. Y sé que después de escribir esto me va a tocar lavarme las manos con lejía, pero debo reconocerlo: en este tema específico, en esta ocasión particular, Álvaro Uribe tiene toda la razón.
Paciencia. La cosa va así:
Los argumentos usuales para promover la despenalización de las sustancias psicoactivas proceden del bando libertario, que se opone a que el Estado le evite a la gente recibir las consecuencias de sus decisiones. Hasta yo admito que en un mundo ideal, donde cada persona razona de modo impecable y nunca se deja llevar por impulsos que contradicen su propio interés, la responsabilidad individual sería suprema e interferir con ella sería injusto.
Donde los libertarios y yo partimos caminos es en el reconocimiento de que ese mundo ideal no es el que tenemos ni es uno que se pueda tener. Los seres humanos no somos perfectamente racionales; ni siquiera alcanzamos a serlo a medias. Hemos armado un mundo donde Álvaro Uribe fue reelegido, donde Ernesto Samper fue absuelto, donde Jaime Garzón fue asesinado. Los humanos somos supremamente estúpidos.
Si bien la persecución policial del narcotráfico ha dado frutos amargos y podridos, sigo teniendo la fuerte sospecha de que la despenalización no es solución suficiente. Se suele citar a Portugal y Uruguay como casos de éxito, pero ellos acompañaron el desmonte de la persecución con una fuerte política sanitaria. El hecho de que las drogas adictivas dejen de ser ilegales no significa que dejen de ser indeseables.
Los libertarios creen que se pueden aplicar las leyes clásicas del mercado a todos los problemas de la vida. El argumento, sumamente descarado en realidad, es que al consumidor nadie lo está obligando y el Estado no tiene derecho a interferir en su decisión libre de drogarse. Esa clase de razonamiento ignora deliberadamente las circunstancias que están fuera del control de las personas. Como suele suceder cuando uno discute con libertarios, la verdadera cuestión ni siquiera es que el Estado tenga o no tenga derecho a intervenir: es que el Estado tiene el deber de intervenir. Es obligación irrenunciable del Estado proteger a sus ciudadanos, incluso de su propia estupidez. Si el Estado no va a cumplir siquiera con esa mínima función, no se justifica que tengamos Estado.
La ideología libertaria no está equipada para abordar el tema de las drogas adictivas porque este no es un problema al que puedan aplicarse las leyes clásicas del mercado. Todo el sistema de oferta y demanda colapsa cuando se enfrenta a un producto adictivo, que crea por la fuerza su propia demanda. El comprador adicto no es un comprador racional, capaz de tomar decisiones libres.
La complicación de este tema está en que la rehabilitación es una terapia médica, lo que obliga a contar con consentimiento informado. La Corte Constitucional decidió que el ingreso de los indigentes a programas de rehabilitación debe ser opcional. El núcleo del argumento es este párrafo:
Ahora bien, en la medida en que para las personas que padecen de drogadicción crónica sería en principio problemática la obtención del consentimiento informado, dado que pueden encontrarse en un estado de inconciencia que no les permite discernir sobre la bondad de un tratamiento de rehabilitación, “en aquellos momentos de lucidez cognitiva, la persuasión médica se constituye en una herramienta fundamental para que el fármaco-dependiente comprenda las ventajas y riesgos que implica aceptar un tratamiento médico”. Nadie puede disponer de la vida de otro, incluso bajo ideales altruistas. El drogadicto es en últimas libre de decidir sobre su propio destino. Solamente en casos excepcionales de urgencia, inconsciencia o riesgo de muerte, es legítimo que los médicos actúen en función del principio de beneficencia buscando la preservación de la vida del consumidor.
Yo añadiría el estado mismo de adicción a esos "casos excepcionales" que limitan la capacidad de decidir. Incluso cuando los adictos se unen a la causa de la despenalización, ellos mismos admiten que su autonomía está disminuida. A veces por perseguir principios demasiado elevados perdemos de vista las condiciones reales en que la gente vive.
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