Después de que la bancada uribista fue derrotada en su último intento por archivar el acto legislativo para la paz, proceso en el cual acusaron al Gobierno de haber comprado votos en el Congreso (¿de dónde habrán sacado esa idea?), Santos celebró en un discurso televisado y todos pudimos respirar un poquito más tranquilos. Ahora sabemos que el resultado de los diálogos está legalmente protegido. Las partes pueden terminar lo que tengan que hacer en La Habana sin miedo a más tropiezos.
De inmediato Su Excelencia Reverendísima Alejandro Ordóñez protestó contra el acto legislativo en una carta que envió al Congreso, donde se quejó de vicios de trámite que según él hacen nulo todo el proceso. Su queja final, que hay que estudiar a fondo, es que los negociadores de la guerrilla tienen ahora todo el margen de maniobra para hacer la Constitución que quieran.
Mastiquemos por un momento ese argumento, porque parece sólido, pero solo a primera vista. Miremos, por ejemplo, el artículo 2 del acto legislativo:
Suena totalmente razonable.
El problema es que Ordóñez parte de la suposición de que es inaceptable ajustar la Constitución a los deseos de un actor político que, para bien o para mal, ha definido nuestra historia durante el último medio siglo. Toca preguntar: ¿y acaso no son precisamente para eso las constituciones? De lo que se trata este proceso de paz es que por fin quepamos todos en este país, y eso implica aprender a aceptar muchos estados de cosas intermedios que no serían deseables en un mundo perfecto, pero que en la vida real son inevitables. Aguantarnos que un cavernícola sea Procurador General es uno de ellos. Aguantarnos que exguerrilleros se lancen al Congreso es otro.
Aunque la Constitución es el manual de reglas fundamentales para la vida del país, este es uno de esos momentos, como lo fue 1991, en que necesitamos admitir que el país cambió y por lo tanto necesitamos reglas nuevas. Al margen de los chistes que siempre pueden hacerse sobre la propensión latinoamericana a cambiar y reformar constituciones, el resultado para nosotros es que nos hemos evitado esa reverencia idólatra que los conservadores gringos tienen por su Constitución, insistiendo en aplicar teoría política del siglo XVIII a problemas del XXI. En últimas el Estado lo construye su gente, y si la gente cambia de opinión, tiene que cambiar el Estado. A fecha de hoy, los mismos gringos han remendado su Constitución veintisiete veces.
Más bien agradezcamos que la negociación logró superar el paso del blindaje jurídico sin hacerles a los guerrilleros una concesión muchísimo mayor: la asamblea constituyente que llevan pidiendo toda la vida. Recordemos que redactar una nueva Constitución a su acomodo fue la primera medida que tomó el chavismo cuando se instaló en Venezuela, Ecuador y Bolivia; nosotros, en cambio, logramos calmar los temores (justificadísimos) de la guerrilla sin sacrificar la Constitución que ya teníamos.
La acusación de entregar el país a la guerrilla o de orquestar un golpe de estado va más allá de la exageración: es abierto sabotaje. Hacer la paz es un trabajo largo que requiere muchas verificaciones y garantías. Lo que el Gobierno está haciendo es preparar el terreno para prevenir conflictos futuros, y para eso está pidiendo la participación de tantos sectores de la sociedad como sea posible. Siendo honestos, ¿qué más se puede pedir?
De inmediato Su Excelencia Reverendísima Alejandro Ordóñez protestó contra el acto legislativo en una carta que envió al Congreso, donde se quejó de vicios de trámite que según él hacen nulo todo el proceso. Su queja final, que hay que estudiar a fondo, es que los negociadores de la guerrilla tienen ahora todo el margen de maniobra para hacer la Constitución que quieran.
Mastiquemos por un momento ese argumento, porque parece sólido, pero solo a primera vista. Miremos, por ejemplo, el artículo 2 del acto legislativo:
Artículo 2: Facultades extraordinarias al Presidente de la República:
• Serán por 180 días, a partir de la vigencia de la ley, para expedir los decretos necesarios con el objetivo exclusivo de facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final.
• Límites a las Facultades Extraordinarias: no podrán utilizarse para expedir: reformas constitucionales, leyes estatutarias, leyes orgánicas, ni nuevos impuestos.
Suena totalmente razonable.
El problema es que Ordóñez parte de la suposición de que es inaceptable ajustar la Constitución a los deseos de un actor político que, para bien o para mal, ha definido nuestra historia durante el último medio siglo. Toca preguntar: ¿y acaso no son precisamente para eso las constituciones? De lo que se trata este proceso de paz es que por fin quepamos todos en este país, y eso implica aprender a aceptar muchos estados de cosas intermedios que no serían deseables en un mundo perfecto, pero que en la vida real son inevitables. Aguantarnos que un cavernícola sea Procurador General es uno de ellos. Aguantarnos que exguerrilleros se lancen al Congreso es otro.
Aunque la Constitución es el manual de reglas fundamentales para la vida del país, este es uno de esos momentos, como lo fue 1991, en que necesitamos admitir que el país cambió y por lo tanto necesitamos reglas nuevas. Al margen de los chistes que siempre pueden hacerse sobre la propensión latinoamericana a cambiar y reformar constituciones, el resultado para nosotros es que nos hemos evitado esa reverencia idólatra que los conservadores gringos tienen por su Constitución, insistiendo en aplicar teoría política del siglo XVIII a problemas del XXI. En últimas el Estado lo construye su gente, y si la gente cambia de opinión, tiene que cambiar el Estado. A fecha de hoy, los mismos gringos han remendado su Constitución veintisiete veces.
Más bien agradezcamos que la negociación logró superar el paso del blindaje jurídico sin hacerles a los guerrilleros una concesión muchísimo mayor: la asamblea constituyente que llevan pidiendo toda la vida. Recordemos que redactar una nueva Constitución a su acomodo fue la primera medida que tomó el chavismo cuando se instaló en Venezuela, Ecuador y Bolivia; nosotros, en cambio, logramos calmar los temores (justificadísimos) de la guerrilla sin sacrificar la Constitución que ya teníamos.
La acusación de entregar el país a la guerrilla o de orquestar un golpe de estado va más allá de la exageración: es abierto sabotaje. Hacer la paz es un trabajo largo que requiere muchas verificaciones y garantías. Lo que el Gobierno está haciendo es preparar el terreno para prevenir conflictos futuros, y para eso está pidiendo la participación de tantos sectores de la sociedad como sea posible. Siendo honestos, ¿qué más se puede pedir?
"De lo que se trata este proceso de paz es que por fin quepamos todos en este país".
ResponderBorrarPues en La Habana y la Casa de Nariño no se han enterado, porque siguen promoviendo el dichoso proceso con la superstición cristiana, porque así hacen que no quepamos los ateos, los agnósticos, musulmanes, budistas, sikh, etc.
Por cierto, las quejas de la derecha son fáciles de rebatir, pero todos los que están a favor del proceso parecen empeñados en ignorar las críticas que han formulado organizaciones defensoras de DDHH como Human Rights Watch.
¡Un saludo!